Los ganaderos han reducido las cabañas, mientras que los agricultores optimizan recursos y recurren a prácticas más baratas.

Los fuertes incrementos de los costes de producción, básicamente los fertilizantes, los piensos, la energía y el gasóleo, están marcando las preocupaciones de agricultores y ganaderos y sus decisiones a la hora de programar su actividad productiva. La dificultad en muchos casos de no poder repercutir esos mayores costes en los precios de venta de sus productos, como contempla la Ley de la Cadena Alimentaria, ye las dudas sobre la posibilidad de que esta situación se mantenga en el futuro por la caída de la demanda en los hogares y la guerra de precios en la distribución tienen un impacto negativo en el sector. Hace una década, los costes de producción suponían entre un 40% y un 45% del valor de la producción final agraria. hoy se acercan al 60% lo que afecta la viabilidad de las explotaciones y que agricultores y ganaderos se planteen y lleven a cabo ajustes en su actividad para reducir gastos y pérdidas.

Esta situación, sumada a las mayores exigencias en materia de sostenibilidad medioambiental -vía estrategias como de la Granja a la Mesa o Biodiversidad 2030, la condicionalidad reforzada y las derivadas de las medidas contenidas en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales, BECAM-, coloca al sector entre dos fuegos. Mientras, funcionan autopistas de entrada para las importaciones más baratas, como sucede en frutas y hortalizas, sin cumplir las mismas exigencias, lo que afecta a la sostenibilidad económica de las explotaciones.

La llamada "cláusula espejo", impulsada por el Misterio de Agricultura de Bruselas, por la que los productos importados deben cumplir las mismas exigencias que las impuestas a los agricultores y ganaderos comunitarios, constituiría una respuesta, siempre que se aplique. Para el sector, no se está cumpliendo.

En el caso de la actividad agrícola, para reducir los costes de producción, los agricultores han elegido más cultivos con menos gastos como el girasol, leguminosas mejorantes del suelo y un aumento de las prácticas de no laboreo o de laboreo mínimo. No ha hecho falta que se aplicara ya la prevista estrategia comunitaria "del campo a la mesa" por la que el sector agrario, en el horizonte de 2030, tendrá la obligación de reducir en un 50% el uso de agroquímicos y el 20% el empleo de fertilizantes. En fertilizantes, la reducción ya ha sido superior esta sementera, entre un 25% y un 30%, y los agricultores aguardan la evolución de los cultivos para ver qué hacen en los próximos meses con el abonado de nitrogenados en cobertera con precios de a 800€ la tonelada e incrementos del 300%. Ello ha provocado un mayor empleo de estiércoles -unos 100 millones de toneladas- y el empleo de unos 50 millones de metros cúbicos de purines, de acuerdo con la normativa estricta sobre suelos sostenibles.

En el caso de los productos fitosanitarios, fuentes de la patronal AEPLA advierten que la reducción del 50% planteado oficialmente se puede traducir en un ajuste en las producciones del 40%. Pero, en este caso, los agricultores se ven obligados a usar los agroquímicos para asegurar siembras ante el riesgo de plagas y perder toda la cosecha. En regadío, el sector sigue esperando que el Gobierno cumpla el acuerdo del Parlamento para que los agricultores puedan suscribir dos contratos al año con el término potencia en función de su actividad y no pagar la potencia elevada fuera de la temporada de riegos.

Como medidas de ahorro, el sector ha dado pasos muy importantes en el empleo de nuevas técnicas de laboreo como la agricultura de precisión. la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos destaca el avance en los sistemas de siembra directa donde, al hacer solamente una pasada en la tierra, se logra un ahorro de entre un 50% y un 60% en gastos de gasóleo, además de un menor desgaste de maquinaria y reparaciones, y un 60% en el empleo de trabajo. La organización destaca además su aplicación en positivo al reducir en un 90% la pérdida de los mejores suelos, evitando la pérdida de unas 25 toneladas por hectárea y frenando las escorrentías. La Agricultura de Conservación supone en España 2,2 millones de hectáreas, de las que 845.000 corresponden a siembras directas y 1.351.000 hectáreas al mantenimiento de cubiertas vegetales en cultivos leñosos.

Fuente: www.elpais.com